New Orleans, LA
Los sindicatos colombianos han abogado por la paz, los derechos humanos y la justicia econsmica en una nacisn afectada por la violencia interna y las presiones econsmicas externas.
Segzn la Confederacisn Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), mas de 90 sindicalistas colombianos fueron asesinados en 1998, la mayorma por las organizaciones paramilitares apoyadas por las fuerzas de seguridad del gobierno. Entre las vmctimas estaba Jorge Ortega, Vice Presidente de la Confederacisn Unitaria de Trabajadores (CUT) y uno de los dirigentes que habma denunciado la violencia de parte de la guerrilla y del gobierno y que habma jugado un papel importante en los esfuerzos de la sociedad civil de lograr una paz efectiva y duradera. La violencia continus en 1999, culminando en el asesinato del 13 de diciembre de Cesar Herrera, Secretario General del sindicato bananero SITRAINAGRO. En los zltimos cinco aqos ni un solo asesino responsable por las muertes de los sindicalistas ha sido capturado y procesado jurmdicamente. Sin embargo, los sindicalistas que hacen huelgas y luchan por defender sus derechos han sido procesados en juzgados regionales, donde se esconde la identidad de los jueces y los testigos y donde se permite introducir evidencia secreta.
Mientras el terror fmsico contra los sindicalistas ha provocado una denuncia internacional, el programa gubernamental de privatizacisn y de desregulacisn para crear mercados laborales "flexibles", obligado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha servido para deteriorar la libertad sindical y ha daqado a las familias de la clase trabajadora. La tasa oficial de desempleo ahora excede el 20% y los despidos masivos estan al orden del dma. A causa del desempleo alto y la probeza el trabajo infantil es comzn en las industrias de la floricultura y la minerma: hay 784,000 niqos trabajadores entre 6 y 11 aqos de edad. Sin embargo el FMI se ha opuesto a establecer un salario mmnimo para proteger a las familias de la clase trabajadora de la inflacisn.
A pesar de las amenazas a los derechos humanos y laborales, la Administracisn (gubernamental de EUA) propone un paquete de ayuda econsmica de $1.6 billones para Colombia, mayormente para asistir a las fuerzas militares.
En solidaridad con nuestros compaqeras y compaqeros de Colombia denunciamos la violencia y el narcotrafico, independientemente de si las fuerzas militares, las fuerzas paramilitares o la guerrilla son responsables por ello. Sin embargo, creemos que los Estados Unidos no debe profundizar su relacisn con las fuerzas militares, las cuales han tenido la responsabilidad por la violencia cometida contra los sindicalistas.
Nuestro gobierno debe hacer mas para promover las negociaciones de la paz, incluyendo a los sindicatos, las instancias religiosas y otros grupos de la sociedad civil. Se debe proporcionar mas ayuda econsmica para los derechos humanos, incluyendo la asistencia para a) promover los derechos de los trabajadores y proteger la integridad fmsica de los miembros de los sindicatos, b) fortalecer la capacidad del Gobierno de Colombia de investigar las violaciones a los derechos humanos y c) asistir a organizaciones no gubernamentales involucradas en actividades para promover la paz, el desarrollo econsmico y los esfuerzos de ayuda humanitaria. Como mmnimo, las precondiciones existentes sobre los desembolsos de ayuda econsmica a las fuerzas militares se deben mantener y ampliar para cubrir todas las unidades militares, y toda la ayuda debe ser precondicionada a un claro avance en investigar los asesinatos de los sindicalistas y los activistas de derechos humanos, incluyendo el procesamiento jurmdico de los responsables y el desmantelamiento de los juzgados regionales.
Esperamos con mucha anticipacisn el informe de la Misisn de Contactos Directos de la OIT, que esta realizando un visita a Colombia esta semana y reafirmamos nuestro apoyo para una Comisisn de Investigacisn, como se ha recomendado en el Grupo Laboral de la OIT. Y reafirmamos nuestro compromiso de defender a nuestros compaqeras y compaqeros colombianos cuyas vidas estan en peligro, por hacer intentos de ejercer sus derechos humanos basicos.